El parlamento aprueba una ley polémica que externaliza la gestión de hospitales
Atenas, (EFE).- El Parlamento griego aprobó hoy una polémica ley que externaliza la administración de los centros hospitalarios y que los médicos ven como primer paso hacia la privatización completa del sistema sanitario.
La ley establece la creación de una sociedad anónima (ESAN) que gestionará los gastos de todos los hospitales del país -públicos y privados- y distribuirá el presupuesto según el número de pacientes atendidos y el tratamiento de cada uno de ellos. Además, los salarios del personal hospitalario dependerán directamente del número de pacientes que atiendan.
La federación de médicos de hospitales públicos (OENGE), que en la jornada de ayer celebró un paro de tres horas en protesta contra la ley, teme que el tratamiento de los pacientes se rija por el coste de su atención y no por la gravedad del caso.
«Lo más grave es que la ley introduce la competición entre hospitales que acabará con el cierre de los pequeños hospitales de la periferia en favor de los grandes hospitales de los centros urbanos y de las clínicas privadas», declaró a Efe el presidente de OENGE, Dimitris Varnavas.
Sobre este aspecto, el ministro de Sanidad, Makis Voridis, no descartó que esta política conduzca al cierre de hospitales. En una rueda de prensa, el ministro destacó que el mantenimiento de un hospital en una región aislada, a pesar de que no pueda cubrir sus gastos «será una decisión política del Gobierno, como lo es hoy».
Asimismo, Varnavas explicó que los hospitales de la periferia atienden a muchos menos pacientes de los que podrían debido a la falta de personal médico y a la escasez de medios.
La ley prevé que, en principio, el único accionista de ESAN sea el Estado griego, pero más adelante está previsto un incremento de capital, en el que podrán participar las distintas cajas de la seguridad social helena.
Grecia está bajo presión constante de los acreedores internacionales para sanear los gastos de su sistema de sanidad pública, considerados desmesurados. En los últimos dos años, el país heleno ha iniciado una serie de reformas que han conducido al cierre de las policlínicas y al despido de más de 2.000 médicos.
Además, se han realizado recortes drásticos de la financiación de varios exámenes y se ha impuesto a los médicos y a las clínicas un número máximo de pruebas que pueden prescribir.
A principios de esta semana, el Ministerio de Sanidad anunció que se excluían de la financiación pública las pruebas Papanicolau para la prevención del cáncer de cuello uterino a todas las mujeres menores de 21 años y mayores de 65, y que se restringía la financiación a una prueba cada tres años.
Tampoco serán financiadas las mamografías para las menores de 40 años y a partir de esa edad solo se podrá realizar una mamografía al año.
Los hombres, por su parte, no tendrán derecho a hacerse pruebas de próstata antes de cumplir los 40 años.