Trabajadores de cadenas privadas montan sentada ante sede Gobierno griego
Atenas, 10 oct (EFE).- Trabajadores de las cadenas de televisión privadas que no obtuvieron una licencia para seguir emitiendo en Grecia protestaron hoy ante la sede del Gobierno contra el posible cierre de los canales y la pérdida de su empleo.
Periodistas, así como personal de administración y técnicos de los cuatro canales que no obtuvieron licencia de emisión se reunieron ante el Parlamento y marcharon hacia el Palacio de Maximu, la sede del Gobierno.
Tras forcejear con las fuerzas de seguridad, unas treinta personas lograron romper el cordón policial que mantiene bloqueado el acceso a la calle en la que se encuentra el citado edificio y montaron una sentada frente de él.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer frases como «No al negro de la TV», «No al negro, sí al futuro», «No más desempleados, asegurar los puestos de trabajo ahora» o «No al negro de nuestras vidas».
Con ello aludían al cierre fulminante durante el Gobierno del conservador Andonis Samarás de la cadena pública ERT, que de la noche a la mañana pasó a negro.
Los trabajadores pidieron que una delegación pudiera reunirse con el primer ministro, Alexis Tsipras.
Fuentes del Gobierno señalaron a los medios que se ha invitado a una delegación a reunirse con el ministro de Estado, Nikos Pappás, responsable de la reciente subasta de licencias y con la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili.
El pasado mes, el Gobierno puso fin a 27 años en que las televisiones solo operaban con una licencia provisional de emisión y en una subasta a puerta cerrada que duró más de 70 horas concedió cuatro permisos.
De los seis canales privados que existen hasta el momento -Skai, ANT1, Mega, Star, Epsilon y Alpha, solamente los dos primeros obtuvieron licencias.
Las otras dos se adjudicaron a empresarios que no están por ahora activos en el mundo de la televisión.
Las cadenas afectadas presentaron una serie de recursos ante el Tribunal Supremo Administrativo argumentando que la repartición de licencias debería haberse llevado a cabo por un organismo independiente y no por el Gobierno; que el precio de salida de tres millones de euros se estableció contra el criterio del Ministerio de Finanzas; y finalmente, que conceder solo cuatro permisos es una decisión arbitraria.
La decisión del tribunal todavía está pendiente, pero mientras tanto corre el reloj para la desconexión de las cadenas o su absorción por parte de alguno de los dos pujantes que todavía no tienen canales propios. EFE