Denuncian un aumento de ataques racistas en Grecia y la inacción del Gobierno
Andrés Mourenza. Atenas 21 mar (EFE).- La Comisión Nacional para los Derechos Humanos en Grecia (EEDA) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunciaron hoy el aumento de los ataques racistas en los últimos meses en el país y criticaron la falta de acción del Gobierno y el Estado griegos en este tema.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, estas dos instituciones presentaron en Atenas un informe de la Red para el Registro de Incidentes Racistas.
Se trata de una iniciativa formada por diversas ONG (entre ellas Amnistía Internacional y Médicos del Mundo) que ha comenzado a registrar los ataques xenófobos de los que son objeto inmigrantes y refugiados en Grecia.
Entre octubre y diciembre del pasado año, la Red registró 63 incidentes, en la mayoría de los cuales las víctimas resultaron heridas y en una decena de casos hubieron de ser hospitalizadas.
El informe subraya la tendencia a la «violencia en grupo» contra los inmigrantes con el uso de «armas improvisadas pero potencialmente letales».
Igualmente, se señala que 18 de estos casos son de violencia policial contra los extranjeros en las comisarías.
«La Red encuentra que los resultados de este proyecto piloto son extremadamente preocupantes y la ansiedad se incrementa teniendo en cuenta que esto es sólo la punta del iceberg», añade el informe, subrayando que las ONG sólo pueden denunciar los ataques que ocurren en su zona de actuación, principalmente el centro de Atenas y la ciudad occidental de Patras.
De hecho, la Red ha sido creada «para compensar la ausencia de un sistema efectivo para registrar estos incidentes y tendencias de violencia racista en Grecia, a lo que obligan los tratados internacionales y europeos».
Tal y como señaló la abogada de EEDA Tina Stavrinaki, el Gobierno griego sólo registró dos incidentes en su último informe de 2010, «porque sólo se cuentan los casos que llegan hasta la judicatura».
El problema es que la mayoría de inmigrantes que son víctimas de violencia racista no denuncian sus casos pues recelan del trato policial.
«Si vienen a denunciar algo, los tengo que detener, porque están viviendo aquí de forma ilegal. Lo siento, pero así es la ley», se excusó un inspector de policía griego preguntado por Efe el pasado febrero.
«Hemos exigido un mecanismo oficial para que todas las víctimas, independientemente de su estatus, puedan denunciar ataques, pues el Estado griego es responsable de proteger a todas las personas que residen en su territorio», explicó Stavrinaki.
Las denuncias de estas ONG llegan cuando el Gobierno ha anunciado que «en los próximos días» se producirá una «macrooperación» para eliminar «la delincuencia y la ilegalidad» del centro de Atenas.
Aquí reside la mayoría de los inmigrantes indocumentados, anunció esta semana el ministro de Protección Ciudadana (Orden Público), Mijalis Jrisojoidis.
En una reciente reunión con la prensa extranjera, Jrisojoidis, afirmó que la delincuencia «está ligada a los extranjeros que viven en Grecia».
«Los griegos son un pueblo pacífico. El principal problema es por la presencia de miles de personas que viven en Grecia de forma ilegal», dijo el ministro.
«Debemos ser francos y admitir que entre la población griega, especialmente la de Atenas, hay preocupación por la seguridad pública. Y por supuesto esto hace que el Ministerio de Protección Ciudadana deba tomar medidas», reconoció a Efe hoy el presidente de EEDA, Kostis Papaioanú.
Pero avisó de que «no se debe ligar criminalidad e inmigración» porque ello daría «coartada para el crecimiento de la xenofobia y los ataques racistas».
Además, explicó que en el centro de Atenas viven numerosos grupos en riesgo de marginación, como inmigrantes sin papeles, drogadictos, personas sin hogar o prostitutas, junto a griegos e inmigrantes con permiso de residencia.
«Me temo que ahora, para ganar apoyo de cara a las elecciones, toda esta gente será expulsada sin importar si han hecho algo o no contra la ley», denunció.
Fuente texto: Andrés Mourenza. EFE
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