Comité Consejo de Europa dice que ley griega anticrisis viola la Carta Social

Las dos reclamaciones, formuladas en ambos casos por la Federación general de empleados de compañías eléctricas públicas (Genop-Dei) y la Confederación de sindicatos de funcionarios públicos (Adedy), tienen relación con las indemnizaciones a trabajadores despedidos y las vacaciones de trabajadores menores de 18 años.En la primera decisión, el Comité concluye que la ley 3899 viola el artículo 4.4 de la Carta (derecho a un preaviso razonable en caso de despido), porque permite interrumpir un contrato en el periodo de prueba, sin preaviso ni indemnización.

La decisión asegura que «un preaviso razonable en caso de cese del contrato se aplica a todas las categorías de empleo independientemente de su calidad» con el objetivo de «dar tiempo para sondear el mercado de trabajo».

El presidente del Comité, el catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Luis Jimena Quesada, aseguró a la prensa que un período de prueba de doce meses «es excesivo» y que, para un contrato de un año, debe ser de un mes.

La segunda decisión determina tres violaciones de otros tantos artículos de la Carta relacionados con los derechos a tres semanas anuales de vacaciones pagadas para menores de 18 años, a asegurar un sistema de aprendizaje y formación, y a un régimen de Seguridad Social elevado.

El texto se centra en los contratos especiales de aprendizaje que permite la ley y afirma que éstos no ofrecen una seguridad del empleo y una protección social adecuadas, y no dan derecho a las vacaciones anuales.

Además, esos contratos no contemplan sistemas de aprendizaje y formación adecuados a jóvenes, y ofrecen «una protección extremadamente limitada contra los riesgos sociales y económicos», al crearse una nueva categoría de trabajadores excluidos del sistema de Seguridad Social.

Jimena aseguró que un joven trabajador griego «puede acudir a los tribunales de su país con la decisión en la mano» si está afectado directamente por las decisiones.

Las asociaciones, sindicatos y ONG pueden presentar al Comité reclamaciones contra 32 de los 47 estados miembros del Consejo de Europa, que han ratificado la Carta Social Europea (revisada) de 1996. No es el caso de España, Alemania o Reino Unido.

En referencia a España, Jimena manifestó que «es increíble que los sindicatos no reaccionen y se muevan» para que ratifique la Carta revisada y se puedan presentar reclamaciones colectivas, que no tendrían un efecto económico. EFE