Los despidos colectivos y los desahucios dividen a Atenas y la troika
Atenas, 2 dic (EFE).- El Gobierno bipartito griego se niega a aceptar algunas exigencias que la troika plantea a cambio del desembolso de un nuevo tramo del rescate de 1.000 millones de euros, en concreto en lo referente a los despidos colectivos y los desahucios.
El Ejecutivo del conservador Andonis Samarás se resiste a reformar la legislación laboral para permitir los despidos colectivos y a levantar la moratoria a los desahucios, ambas exigencias formuladas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
«Es incomprensible que alguien pida la liberalización de los despidos en un país con 1,5 millones de desempleados. Ni siquiera pude entender quién lo exige. Ninguna de las organizaciones patronales lo ha pedido. Deben explicarnos quién lo exige y por qué. ¿Qué aportará al desarrollo y al emprendimiento?», dijo hoy el ministro de Interior, Yannis Mijelakis, a la emisora de radio Vima.
La legislación griega impide a las empresas con más de 150 trabajadores despedir a más del 5 % de su plantilla o a más de 30 empleados por mes y requiere de la aprobación del ministro de Trabajo, mientras aquellas más pequeñas pueden echar a un máximo de seis trabajadores al mes.
En cambio, la troika pide una mayor liberalización con el argumento de que solo así Grecia puede ser competitiva.
Otro de los grandes escollos, según se desprende de las declaraciones de políticos de la coalición entre conservadores y socialdemócratas, es el levantamiento de la moratoria a los desahucios aprobada en 2009.
Presionado por sus propias filas, el Ejecutivo pretende exceptuar de las ejecuciones hipotecarias a los propietarios de viviendas cuyo valor nominal no supere los 200.000 euros para proteger así a los más vulnerables.
Sin embargo, la troika considera que existe un «abuso sistemático» en este sector y ve necesario que haya una medida más contundente para permitir que el sector financiero se recupere.
Según informaciones del diario «Kathimerini», la troika ha propuesto bajar ese listón de los 200.000 euros o vincular las excepciones a los ingresos de los propietarios en mora, fórmula que el Gobierno rechaza por temor a que no sea aprobada en el Parlamento.
La morosidad hipotecaria asciende al 23 %, mientras que el total de la cartera de créditos morosos en los bancos es del 30 %, lo que supone un grave problema para el sector bancario.
La troika considera que, permitiendo llevar a cabo la ejecución de las hipotecas morosas, los bancos podrían sanear en parte sus balances y volver a poner en circulación liquidez para las empresas.
El primer ministro griego viajará mañana a Bruselas con algunos miembros de su gabinete para tratar sobre la presidencia europea que Grecia asume a partir del 1 de enero, además de intentar acercar posturas en los temas que le separan de la troika.
La intención es lograr un acuerdo antes de la cumbre europea del día 20, aunque los jefes de misión de la troika no regresarán a Atenas antes del Eurogrupo del próximo lunes. EFE