La nueva ley de costas levanta fuerte oposición, incluso en el Gobierno
Yannis Chryssoverghis, 13 may.- El Gobierno griego decidió hoy prolongar el debate público del nuevo proyecto de ley de costas que facilita las construcciones en el litoral y abre la vía a la privatización del acceso a las playas, tras el aluvión de críticas que ha suscitado, incluso en el seno mismo de la coalición de Gobierno.
En principio estaba previsto que concluyera hoy el plazo en el que la ley estaba abierta a debate público, un periodo de un mes en el que se han hecho más de 800 sugerencias al texto, aunque sin carácter vinculante.
Pero más de 110.000 ciudadanos han firmado peticiones para que se retire el proyecto de ley y un grupo creado en la red social Facebook para ese fin tiene ya 30.000 seguidores.
Además, el partido socialdemócrata Pasok, socio del Gobierno que dirige el conservador Andonis Samarás, amenaza con votar en contra de la ley si ésta llega al Parlamento tal y como está redactada. «No estamos en contra de las actividades económicas en las playas, pero se deben respetar las reglas de protección del medio ambiente y la legislación europea. El proyecto de ley, en su actual forma, no puede ser aprobado por el Parlamento», declaró a Efe el portavoz del Pasok, Odysseas Konstantinópulos.
Incluso una diputada del partido de Samarás, Fotiní Pipilí, ha anunciado que votará en contra de este proyecto de ley que calificó de «monstruoso».
El ministro de Estado, Dimitris Stamatis, señaló hoy que el primer ministro ha decidido ampliar la consulta pública hasta pasadas las elecciones locales y europeas del 25 de mayo, para dar la posibilidad a «explorar todos los aspectos» de este asunto.
El texto redactado por el Ministerio de Finanzas propone un nuevo marco de desarrollo de actividades en la zona del litoral, destacando que «su potencial de desarrollo económico debe ser liberado» de sus actuales ataduras legales.
Pero las organizaciones ambientalistas denuncian que la propuesta de ley provocará la degradación de los ecosistemas marítimos y del litoral a favor de actividades turísticas. «Este proyecto de ley no concibe la costa como un ecosistema de alto valor, sino como terreno para alquilar o vender», explicó a Efe el presidente de la asociación SOS Mediterráneo, Vangelis Kukiasas.
La propuesta de ley reduce drásticamente las playas de los 100 metros desde la línea de mar previstos en la legislación vigente a sólo 50 metros y, «en caso de necesidad de obras turísticas o industriales», pueden reducirse a una zona de 10 metros.
Además, el proyecto de ley prevé una amnistía para todas las construcciones que fueron edificadas ilegalmente «antes de la aplicación de esta ley», a condición de que sus propietarios paguen una multa, lo que a juicio de los ambientalistas provocará «la construcción de una nueva generación de edificios ilegales» por parte de propietarios que esperarán nuevas moratorias. El texto «no tiene en cuenta las consecuencias desastrosas que estrategias similares tuvieron en otros países, como Chipre y España», añadió Kukiasas.
Otro punto controvertido del proyecto de ley es la posibilidad de cubrir de sombrillas y hamacas toda la playa, mientras la legislación actual concede a cada explotación privada una superficie máxima de 500 metros cuadrados y obliga a una distancia mínima de 100 metros entre cada empresa que se dedique a este negocio.
El libre acceso de los ciudadanos a las playas tampoco queda garantizado pues, a diferencia del texto actual que prohíbe la concesión en exclusiva de una playa a una sola empresa, el proyecto del Ministerio de Finanzas deja libertad a la hora de establecer las condiciones del contrato de concesión.
Igualmente, la nueva ley de costas permitirá que «en casos de inversiones estratégicas» la empresa concesionaria pueda cambiar el relieve de la zona marítimo-terrestre mediante rellenos de terraplén.
El Ministerio de Finanzas ha reaccionado a la larga lista de acusaciones desmintiendo que tenga intención de privatizar las playas y ha prometido tener en cuenta algunas de las críticas.
La actual coalición gobernante ha perdido numerosos escaños desde el inicio de legislatura a la hora de aprobar diversas leyes poco populares y actualmente sólo controla 152 escaños de los 300 con los que cuenta el Parlamento, por lo que esta nueva ley de costas podría suponer un nuevo golpe a la estabilidad del Ejecutivo que dirige Samarás.