El Parlamento griego aprobó la ley antirracista tras múltiples aplazamientos
Atenas, (EFE).- Después de varios meses de retrasos y de polémica el Parlamento griego aprobó este martes una nueva ley antirracista, que penaliza la incitación al odio racial y negación del Holocausto y otros genocidios reconocidos internacionalmente o por la legislación de este país.
Las penas previstas oscilan entre tres meses y tres años de cárcel y están acompañados de multas entre 5.000 y 20.000 euros; si el discurso racista deriva en violencia, el mínimo de cárcel previsto sube a 6 meses y las sanciones económicas a entre 15.000 y 30.000 euros.
En concreto, la ley castiga toda declaración o acto que incite al odio contra «individuos o grupos por su pertenencia nacional, religiosa, su raza o sus preferencias sexuales».
Asimismo, penaliza la negación del Holocausto u «otros genocidios reconocidos por tribunales internacionales o el Parlamento griego» (artículo 2).
Con ello hace referencia indirecta a las masacres de las poblaciones cristianas en Turquía por parte del ejército otomano durante la guerra de 1920-1922, que el Parlamento griego calificó de «genocidios» en 1994.
Este punto ha sido el más controvertido de la ley, pues se incluyó a instancias del ala más conservadora de Nueva Democracia, el partido del primer ministro Andonis Samarás, y de la Iglesia ortodoxa griega.
Estos mismos sectores lucharon hasta el último momento sin éxito para que no sea incluida en la ley la protección de los homosexuales.
Indicativas de las reacciones homofóbicas fueron las declaraciones en el Parlamento del diputado de Nueva Democracia Anastasios Nerantzis, quién equiparó la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo.
La ley fue rechazada por la oposición de izquierdas. «Esta ley castiga la incitación al odio, pero no los actos de violencia racista», destacó la diputada de la fuerza mayor de oposición, el partido izquierdista Syriza, Vasilikí Katrivanu.
Además la izquierda teme que el artículo 2 de la ley sirva a la extrema derecha para una caza de brujas. Ejemplo de ello podría ser la campaña lanzada el año pasado por círculos de derecha y de la iglesia contra la diputada del partido de izquierda moderada Dimar, Maria Repusi.
La profesora de Historia de la universidad de Salónica fue acusada de «traición» por haber cuestionado el uso del término «genocidio» para las matanzas de cristianos en Turquía.
Incluso la diputada de Nueva Democracia Tania Iakovidu declaró a una cadena de televisión, unos días antes de la votación de la ley, que votaría a favor «para que ver encarcelada Maria Repusi».
Para apaciguar estos temores el ministro de Justicia introdujo una modificación de la última hora en el texto de ley, según la cual de la persecución penal están excluidos los que esgrimen un punto de vista científico o histórico.
A pesar de esto, 139 profesores en universidades griegas y europeas y doctores de Historia firmaron una petición para que se retire este controvertido artículo de la ley.
«Nos oponemos a la persecución de todos los negacionistas, incluso aquellos del crimen más abominable del siglo XX, el Holocausto», destacaron los firmantes.
Sin embargo precisaron que su postura «nace de la convicción de que tales disposiciones legales afectan al derecho de libertad de expresión y, como lo demuestra la experiencia internacional, son ineficaces en la lucha contra el nazismo y el racismo».
La organización de derechos humanos Human Rights Watch, por su parte, en un comunicado insistió que la ley no ofrece la protección necesaria a las víctimas de la violencia racista, pues no incluye medidas que facilitarían la denuncia de crímenes.
Con ello alude indirectamente a las numerosas agresiones de las que son víctimas a diario inmigrantes irregulares por ultraderechistas y que no se atreven a denunciar estos casos por temor a ser expulsados del país.