El Gobierno de Tsipras cumple un mes con frentes abiertos pero con gran apoyo
Gerard De Josep. Atenas, (EFE).- El nuevo Gobierno griego, liderado por Alexis Tsipras, cumple hoy su primer mes de gestión con numerosos frentes abiertos y el partido revuelto, pero con unos índices de popularidad sin precedentes.
Tras salir de una negociación con el Eurogrupo que culminó con un controvertido acuerdo, el Gobierno se enfrenta ahora a la falta de liquidez para pagar plazos pendientes, a conflictos ideológicos internos y a una mayor oposición desde la izquierda extraparlamentaria y de su principal rival ideológico, el KKE.
Ambos, el colectivo antisistema Antarsya y el partido comunista, convocaron esta semana las primeras manifestaciones antigubernamentales, aunque Syriza, mediante iniciativas ciudadanas, ha conseguido durante su primer mes de Gobierno reunir el apoyo de la gente en la calle en tres ocasiones, coincidiendo con las reuniones con los socios europeos.
La primera crítica en llegar fue la del emblemático eurodiputado Manolis Glezos, que escribió en un blog que «el cambio de nombre de la ‘troika’ a ‘instituciones’, el de ‘memorando’ por ‘acuerdo’ y el de ‘prestamistas’ por ‘socios’ no cambia la realidad anterior».
También Yanis Miliós, el jefe económico del partido y uno de los principales autores del denominado Programa de Salónica, la base del programa gubernamental, acusó a su equipo de «mala preparación», de haber aplicado «tácticas contradictorias» y de estar «más interesados en la forma que en el fondo».
Sin embargo, los sondeos dan a Syriza un respaldo sin precedentes y una ventaja de casi 24 puntos sobre los conservadores del ex primer ministro Andonis Samarás, 16 más que en las elecciones del 25 de enero.
Según una encuesta del instituto Metron Analysis publicada hoy por el diario «Parapolitika», el partido de Alexis Tsipras cuenta con el 42,1 % de respaldo, mientras que el 18,3 % apoya a Nueva Democracia, la formación de Samarás.
La encuesta realizada después del acuerdo con el Eurogrupo sobre la prórroga del programa de asistencia, revela que el 68 % de los ciudadanos están satisfechos con la forma en que el Gobierno llevó a cabo las negociaciones con los socios, mientras que un 23 % no lo está.
Siete de cada diez ciudadanos respaldan el acuerdo en sí, pese a que la prórroga no contempla ningún desembolso hasta que no se haya realizado a finales de abril una evaluación de las reformas prometidas.
El listado de reformas enviado a los socios a cambio de la prórroga incluye algunos de los proyectos que Tsipras había anunciado en su programa de Gobierno, pero supedita a la aprobación de las instituciones que formaban la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) toda iniciativa que suponga un gasto presupuestario.
Aborda objetivos como la lucha contra la corrupción, el contrabando y el fraude fiscal, y se compromete a no dar marcha atrás a las privatizaciones que están ya completadas, pero precisa que revisará las que estén por iniciar.
Mientras ha durado la negociación, el Gobierno ha evitado introducir leyes en el Parlamento, pero a las pocas horas de ser ayer ratificada la prórroga en el Parlamento de Alemania, Tsipras anunció para la semana próxima la presentación de cuatro borradores.
La primera ley, destinada a combatir la crisis humanitaria, será introducida ya el mismo lunes; le seguirán la prohibición de los desahucios de primera vivienda, la mejora de las condiciones para la devolución de las deudas a Hacienda y la Seguridad Social y la que establece la reapertura de la radiotelevisión pública.
Entre las medidas que ya se han llevado a cabo están la liberación de más de 300 inmigrantes que se encontraban retenidos en los centros de detención de extranjeros de todo el país, como parte del proceso para regularizar la situación de las más de 3.500 personas que malviven en estos recintos.
También el ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yannis Panusis, ha aplicado con éxito medidas durante este primer mes que no han requerido pasar por el Parlamento, como retirar las vallas que desde 2011 se podían ver ante el edificio gubernamental o reducir la presencia policial en las manifestaciones. EFE