Grecia legaliza el sector audiovisual pero con riesgos para el empleo
Ingrid Haack. Atenas, 2 sep (EFE).- Grecia puso hoy fin al funcionamiento irregular de las cadenas de televisión privadas, al subastar por primera vez licencias de transmisión después de tres décadas en el limbo legal, un proceso de reorganización que sin embargo pone en peligro numerosos puestos de trabajo.
En una subasta que recordó, por hermetismo y duración, a los cónclaves del Vaticano, se adjudicaron cuatro licencias de transmisión por un total de 246 millones de euros, un monto que supera con creces los 50 millones calculados inicialmente por el Gobierno y que agradecerán las maltrechas arcas del Estado.
Tres días encerrados en la Secretaría General de Medios y Comunicación sin poder comunicarse entre sí ni con el exterior, el modelo elegido por el Gobierno para evitar trapicheos dejó exhaustos a los directores de las ocho empresas pujantes y más de uno llegó a compararlo con una reclusión en la cárcel.
Desde la mañana del martes hasta las tres de la madrugada pasada, lo único que los medios de comunicación alcanzaron a ver fue el entrar y salir de los servicios de catering y los relevos del más de un millar de policías que custodiaron el proceso.
Finalmente, pasadas las tres de la mañana, los participantes pudieron abandonar el edificio y el secretario general de medios, Lefteris Kretsos, comunicó el nombre de las empresas adjudicatarias.
Se trata de las cadenas tradicionales Skai, que abonará un total de 43,6 millones de euros, y ANT1, que pagará 75,9 millones de euros.
A ellas se suma la nueva empresa Alter Ego, propiedad del armador y presidente del club de fútbol Olympiakós, Vanguelis Marinakis, que desembolsará un total de 73,9 millones, y el canal que abrirá el magnate de la construcción Jrístos Kalogritas, quien abonará 52,6 millones de euros.
Atrás quedaron las cadenas Star y Alpha, así como otros dos empresarios que habían reunido las condiciones para participar en la subasta.
Fuera de concurso había quedado de antemano la cadena privada más antigua de Grecia, Mega, por problemas financieros, así como el canal del político derechista griego Yorgos Karatzaferis, por no haber pagado la tasa obligatoria de 30.000 euros.
Entre los requisitos fijados por el Gobierno figuraba la obligación de disponer de un capital propio de 8 millones de euros, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de instalaciones adecuadas, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral.
«La finalización de la subasta de licencias de radiodifusión pone fin a 27 años de anarquía y Grecia ya no goza del penoso ‘privilegio’ de ser el único país que nunca ha llevado a cabo una licitación para conceder licencias a los canales privados», señaló el ministro de Estado, Nikos Pappás, al concluir la puja.
Con ello aludió al hecho de que desde que en 1989 se creara la televisión privada, las cadenas han estado funcionando con licencias caducadas y sin pagar derechos de retransmisión.
Esta situación había llevado a un compadreo entre los medios y los respectivos gobiernos y a un tejido de corrupción que ningún ejecutivo había combatido con eficacia.
La legalización del sector audiovisual fue uno de los objetivos cardinales del Gobierno de Alexis Tsipras, lo que no quita que el proceso de reorganización elegido haya sido problemático.
La oposición, pero también la Comisión Europea, lo ha criticado por atribuirse el Gobierno la competencia de decidir cuántas televisiones podrán operar, algo que a su juicio mina toda regla de libre competencia.
El Gobierno ha respondido con el argumento de que en un país con una economía tan débil como la griega, solo pueden sobrevivir cuatro canales, pues los ingresos de publicidad no dan para más.
Pappás ha recalcado estos días que en el momento en que la situación económica del país mejore, podrá haber más canales.
Mientras Gobierno y oposición siguen enzarzados en la batalla sobre las formas, la principal preocupación de los trabajadores del sector, en cambio, es su propia supervivencia.
La nueva legislación obliga a las cadenas a tener una plantilla mínima de 400 personas a tiempo completo y con contratos regulares, lo que suma un total de 1.600 en el nuevo modelo audiovisual.
El presidente de la Asociación de la Prensa de Atenas, Stamatis Nikolópulos, recordó hoy que actualmente hay 2.500 personas trabajando en las distintas cadenas (la mayoría sin contrato fijo) por lo que casi mil deben temer por sus puestos de trabajo.
«La legalidad ha sido restablecida según el Gobierno, pero con un coste muy elevado para los trabajadores», resumía esta mañana el presidente del sindicato de técnicos, Yórgos Skebetzakis. EFE