Hasta nueva ley canales privados en Grecia pagarán 25 millones por emitir

Atenas, 27 oct (EFE).- El ministro de Estado griego, Nikos Pappás, aseguró hoy que tras la anulación de la reforma audiovisual por parte del Tribunal Supremo Administrativo y hasta que haya una nueva subasta de licencias para la televisión privada, todos los canales pagarán 25 millones de euros por un año.

En una entrevista hoy con la televisión pública ERT, horas después de que el Consejo de Estado (Tribunal Supremo Administrativo) diera marcha atrás a la reciente subasta de licencias, Pappás prometió que el próximo lunes habrá una nueva ley que regulará la situación provisionalmente.

Pappás insistió en que la sentencia no anula la ley al completo sino solo el artículo que atribuyó a su ministerio la potestad sobre la concesión de licencias, una prerrogativa que es exclusiva del Consejo Nacional de Radiotelevisión (CNRT), órgano cuya constitución lleva bloqueando desde hace meses la oposición conservadora.

El tribunal ha exigido el establecimiento inmediato del CNRT y la opositora Nueva Democracia ha asegurado que una vez hubiera sentencia del Supremo habría un llamamiento a que se pueda constituir este órgano, recordó.

La cuestión que se plantea ahora es si esto va a ocurrir, añadió el ministro.

El bloqueo por parte de la oposición a la constitución del CNRT fue el motivo principal que esgrimió el Gobierno de Alexis Tsipras a la hora de atribuirse el derecho a adjudicar las licencias y poder así acabar con 27 años en los que los canales privados operaban con permisos caducados.

Sin embargo, no solo se atribuyó esa potestad sino que decidió, basándose en un estudio universitario italiano, que el mercado griego no podía sostener más de cuatro cadenas privadas, en lugar de las seis que había hasta ahora, lo que desató un reguero de críticas, de los partidos y de los medios.

Pappás indicó hoy que aun con la enmienda que se presentará el lunes, los canales deberán seguir respetando una serie de condiciones fijadas en la reciente ley, como por ejemplo, que cada cadena tenga un mínimo de empleados y haya una serie de inversiones obligatorias en equipamiento e infraestructuras.

El ministro recalcó que pese a la sentencia judicial el Gobierno seguirá adelante con su objetivo de acabar con décadas de irregularidad, y rechazó las exigencias de la oposición de que presente su dimisión.

«En el pasado los dueños de las cadenas obtenían sus licencias presionando al Estado… Si alguien cree que la decisión del Consejo de Estado hará que nos comportemos como nuestros predecesores y que voy a volver a mi oficina y firmar licencias temporales como se hizo en el pasado, está equivocado», apostilló.

Uno de los efectos inmediatos de la sentencia es que el Gobierno deberá devolver a los cuatro canales que obtuvieron licencias en la subasta realizada a finales de septiembre la primera cuota de 85 millones de euros de los 255 que se aseguró el Estado en la subasta, dinero que Tsipras había prometido destinar a cubrir necesidades sociales.

«La decisión (del tribunal) deja a 15.000 niños sin plaza en guarderías e impide contratar 4.000 sanitarios», lamentó anoche la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, que recordó que «el dinero deberá ser devuelto a cuatro personas muy ricas». EFE